Por orden, formalidad y seguridad en transporte

Editorial del diario El Comercio.

Nada justifica la decisión de un grupo de transportistas que anuncia una serie de medidas de fuerza contra el inminente retiro de los ómnibus, coaster y combis que hoy circulan en las vías paralelas al Metropolitano, cuando el nuevo sistema vial empiece a funcionar en Lima.

Después de la enorme inversión realizada, y sobre todo de la larga espera y sacrificios que demanda la construcción de la nueva infraestructura, sería nefasto dilatar más la puesta en marcha de un sistema interconectado que busca servir a millones de usuarios y poner fin al caos imperante.

En el reclamo mencionado habría un objetivo subalterno, sobre todo intereses politiqueros y de confrontación. En primer lugar, porque la Corporación Nacional de Transportistas del Perú —el gremio que ha convocado a la protesta— participó en la concesión de rutas para el Metropolitano, razón por la que sabía anteladamente que la reestructuración de la Vía Expresa y sus conexiones conllevaría a prohibir la circulación de algunas unidades. Sumado a ello, está el hecho de que el mencionado gremio fue uno de los organizadores del último paro de julio pasado, en rechazo al nuevo Código de Tránsito.

Sin embargo, es claro que la Municipalidad de Lima no debe caer en provocaciones ni en discusiones bizantinas, sino más bien ir al fondo del asunto: reordenar las rutas y buscar salidas que permitan llegar a un acuerdo con aquellas empresas de transporte que eventualmente se verían afectadas por el reordenamiento y que servirían en otras áreas.

Hay, pues, un costo social que no puede ignorarse, como se ha visto en otros países como Chile, El Salvador y Colombia, sobre todo en estos dos últimos, cuando reorganizaron sus sistemas de transporte. En el caso de Lima, cuando el Metropolitano empiece a operar, entre 3.500 y 4.500 vehículos que prestan servicio público dejarán de transitar.

En este proceso deben imponerse criterios de orden, formalización y de autoridad, pero también mucha planificación, información y, adicionalmente, incentivos económicos como el bono del chatarreo y otra ayuda estatal para que las empresas puedan convertirse en asociaciones con flotas mayores.

Pero, al día de hoy la situación es insoportable. Además de excesivo, el parque automotor de Lima es desordenado e inmanejable, en especial porque no se han erradicado las unidades informales o piratas, ni los vehículos obsoletos (de más de 15 años) que, por su deterioro y la contaminación que generan, deberían estar ya en los depósitos de chatarra .

Es urgente un proceso de reingeniería. Poner orden debe implicar la verificación de cuántas unidades dispone cada ruta asignada, pues, en algunos casos, se supera los cien vehículos.

En este sentido, otra condición indispensable para planificar las nuevas rutas debe ser la prohibición terminante de  vehículos importados de segunda mano y con timón a la derecha, que además  de contaminar no ofrecen seguridad alguna y protagonizan el mayor número de accidentes de tránsito, como lo reportan las estadísticas.

En síntesis, no se puede ceder a la amenaza absurda de un grupo de transportistas, muchos de los cuales no son propietarios.

Los ciudadanos merecen un servicio de transporte seguro, cómodo y de calidad. Ello implica no solo la reingeniería del sistema de ómnibus sino también la reestructuración del sistema de taxis, que, por inexplicables razones, sigue inmerso en el desorden y el caos. La solución no puede ser a medias sino integral, técnica y pronta.